Una consumidora afectada por una ejecución hipotecaria ha conseguido frenar su desahucio tras denunciar que el banco no era el acreedor de la hipoteca, ya que había sido titulizada, es decir, había sido vendida a un tercero, un fondo de inversión.
Esta práctica bancaria es considerada legal, y los bancos no tienen la obligación de informar a sus clientes de este traspaso, se limitan a incluirlo en una cláusula.
En estos casos, el banco sigue actuando como titular del préstamo para los cobros y únicamente se desentiende cuando se produce algún impago por parte del cliente.
En muchas ocasiones, esta ventas a fondos de inversión se producen con hasta un 35% de descuento, es decir, muy por debajo del precio que está cobrando al cliente, que, sin embargo sigue pagando lo mismo.
A pesar de las dificultades, en este caso la afectada consiguió averiguar el nombre de la nueva entidad acreedora y pudo denunciar. Se abre la puerta para que los jueces admitan que no informar a los clientes es abusivo y paralizar así más desahucios.
