El Parlamento Europeo ha declarado «admisible» una queja del mismo abogado sobre la lentitud de la justicia en España.
La demora en el señalamiento de los juicios para los afectados por cláusulas abusivas de las hipotecas en España constituye una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, demorando en algunos casos la resolución de un litigio durante 6 o 7 años. A este respecto conocemos una noticia que arroja nuevamente un poco de luz sobre esta cuestión.
El Juzgado de lo Social 11 de Sevilla ha adelantado al próximo 1 de diciembre un juicio señalado en un primer momento para noviembre de 2024 y que originó el recurso de amparo sobre los señalamientos tardíos ante el Tribunal Constitucional presentado en nombre de su cliente por el abogado sevillano Daniel Sánchez Bernal.
Según el abogado, este adelanto se puede haber producido porque el juzgado haya terminado haciendo un hueco “para evitar el sonrojo” de un pronunciamiento del Tribunal de Garantías a favor del recurso.
La nueva fecha no tendría por qué paralizar el recurso de Amparo en el Constitucional. Como indica Bernal,“el Tribunal Constitucional debe pronunciarse” porque “un señalamiento a tres o cuatro años es una vergüenza y vulnera el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales” que indica claramente que “toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella”.
El letrado recuerda que “ahora mismo en Sevilla se están produciendo señalamientos para mediados de 2026”, por lo que “si el Tribunal Constitucional no se pronunciara sobre los señalamientos tardíos aumentaría la situación de inseguridad de otros justiciables”. “Se tiene que garantizar que se cumple la tutela judicial efectiva”.
El letrado presentó además petición ante el Parlamento Europeo en el que se quejaba de lentitud de la administración de justicia en España y citaba algunos ejemplos como Sevilla o Huelva, donde se estaban produciendo señalamientos para mediados de 2026.
A este respecto, La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha declarado «admisible» su petición e informa que «una vez finalizados los procedimientos judiciales en España, puede presentar una denuncia ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo, si considera que se han vulnerado sus derechos individuales«
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